Mérida, Yucatán, 6 de junio de 2025.- La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió por unanimidad que el Gobierno de México no puede demandar a fabricantes de armas por el tráfico ilícito que abastece a organizaciones criminales en territorio mexicano. Los nueve magistrados consideraron que México no presentó una argumentación jurídica convincente para sostener su querella civil, interpuesta en 2021.
La demanda buscaba una compensación de 10 mil millones de dólares y se basaba en datos oficiales de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que identificó que el 74 % de las armas incautadas a criminales en México tenían origen en fábricas estadounidenses. En documentos legales, se mencionaron específicamente a dos de las ocho empresas inicialmente señaladas.
En 2022, una corte federal en Boston falló a favor de las armerías, amparándose en una ley de comercio que exonera a los fabricantes de responsabilidad sobre el uso de sus productos. Un año después, un tribunal de apelaciones reconoció que dicha ley protege a las empresas dentro de Estados Unidos, pero no en el contexto internacional.
La decisión final de la Corte Suprema reafirma ese criterio y descarta que exista responsabilidad directa de las armerías en el contrabando, a pesar de que las organizaciones criminales abastecidas por estas armas han sido calificadas como terroristas por anteriores administraciones estadounidenses.
