Ciudad de México, 31 de octubre de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó la decisión del gobierno de Texas de declarar como propiedad estatal nueve islas ubicadas en el Río Bravo. La dependencia federal puntualizó que la línea divisoria entre México y Estados Unidos no puede modificarse por la determinación unilateral de una autoridad local.
El canciller Roberto Velasco precisó que la soberanía de los territorios en la zona limítrofe se rige por el Tratado de Límites de 1970. En dicho acuerdo se establece que la frontera corre por el centro del cauce normal del río y que la Comisión Internacional de Límites y Aguas es el único organismo facultado para determinar la ubicación de cada isla.
La reacción del gobierno mexicano ocurrió después de que la comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, anunció la toma de control de las superficies fluviales. La funcionaria estadounidense justificó la medida bajo el argumento de permitir que las fuerzas de seguridad patrullen las islas para evitar operaciones de organizaciones criminales.
La Cancillería mexicana anunció que mantendrá un seguimiento a cualquier acción sobre el cauce para evitar obras que desvíen el escurrimiento del agua. El gobierno nacional reiteró su compromiso con el cumplimiento de las normas internacionales y el uso de los mecanismos bilaterales de diálogo.
