ESTADOS UNIDOS, 3 de junio de 2026. — El diario Los Ángeles Times informó que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, forman parte de investigaciones realizadas por autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado. Según la publicación, ambos mandatarios habrían enfrentado la revocación de sus visas mientras continúan las indagatorias.
De acuerdo con el reporte, pese a la cancelación de esos documentos migratorios, Durazo y Villarreal ingresan a territorio estadounidense mediante un permiso denominado “libertad condicional por beneficio público significativo”. El medio señaló que este mecanismo suele utilizarse para personas que colaboran con autoridades o participan como testigos dentro de investigaciones.
El Gobierno de Sonora rechazó la información difundida por el periódico estadounidense. Paloma Terán, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social, afirmó que el gobernador Alfonso Durazo cuenta con una visa vigente y que no ha recibido notificación alguna sobre investigaciones por parte de autoridades de Estados Unidos. La funcionaria sostuvo que los señalamientos carecen de sustento.
Por su parte, el Gobierno de Tamaulipas también negó las acusaciones relacionadas con Américo Villarreal. Gerardo Algarín, coordinador de Comunicación Social de la entidad, indicó que las afirmaciones publicadas no cuentan con documentos, expedientes, resoluciones o pruebas que las respalden. Añadió que rumores, versiones anónimas o especulaciones no constituyen hechos comprobados.
Según fuentes citadas por Los Angeles Times, la visa de Alfonso Durazo fue cancelada desde el año pasado y la investigación en su contra estaría relacionada con presuntos vínculos con el crimen organizado. En el caso de Américo Villarreal, la pesquisa estaría vinculada con el contrabando de combustible robado, conocido como huachicol. La publicación surge en un contexto de acciones de la administración del presidente Donald Trump contra funcionarios mexicanos señalados por presuntas relaciones con organizaciones criminales. La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado estas medidas y las ha calificado como una injerencia en asuntos internos de México y una violación a la soberanía nacional.
