El sector empresarial de Yucatán ha expresado su preocupación.
El sector empresarial de Yucatán ha expresado su preocupación y ha solicitado una aplicación paulatina de la reducción de la jornada laboral propuesta en México. La medida se encuentra en proceso de discusión en la fase de parlamento abierto en la Cámara de Diputados y su inminente aprobación ha llevado al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán, Alejandro Guerrero Lozano, a enfatizar la necesidad de implementarla de manera escalonada. El argumento principal es evitar posibles repercusiones negativas que podrían afectar a las empresas en general.
«Que nos quiten 8 horas en una semana laboral, equivale a un 17% de productividad o fabricación de artículos o puede representar un 17% en el costo de la operación, en el costo de la nómina. 17%, si no tengo gente y tengo que contratar, se me vuelve un 34% de costo porque es mano de obra», explicó.
Reconoció que la disposición, que estaría modificando la Constitución Mexicana, significará un beneficio para los trabajadores, como ocurrió con el aumento al salario mínimo y del periodo vacacional de los trabajadores, aunque insiste en que su aplicación tiene que ser por etapas para garantizar el avituallamiento de las compañías.
Cabe recordar que la propuesta de modificar el Artículo 123 Constitucional para establecer una jornada laboral de 40 horas por semana, sigue en discusión en parlamento abierto, en sesiones pactadas para este mes, en la cámara baja.
También se propuso replicar modelos utilizados en Sudamérica para evitar afectaciones económicas.
«Una de las propuestas que hemos estado viendo, es el modelo chileno, en el cual, ellos hicieron este ajuste en 4 años. Fueron bajando 2 horas por año, de manera que, en el año 4, ya estaba hecho, y el efecto es gradual, entonces, es muy manejable», señaló el también presidente de Index Yucatán.
Se informó que la disposición estará calando en sectores como manufactura, turismo, restaurantes, construcción, transporte, exportación, comercio, entre otros, sobre todo en las micro, pequeñas y medianas empresas.
El CCE insiste en que la modificación gradual también evita que las empresas no recurran a la informalidad, situación que también significa un riesgo para la economía local.
